Propuesta de la Coordinadora NO+AFP: Sistema de seguridad social versus sistema de incertidumbre individual

Claudio Díaz Becerra, Profesor de Historia, Magíster en Educación Ambiental.

De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la seguridad social es la protección que una sociedad, a través del Estado proporciona a los individuos y sus familias para asegurar el acceso a la asistencia médica, garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

Desde el año 2016, la Coordinadora No Más AFP en reflexión y cooperación con Fundación Sol vienen trabajando en una propuesta de seguridad social para Chile. A diferencia de los mitos publicados, esta propuesta no pretende expropiar sus ahorros, al contrario, pretende desprivatizarlos, pues supone un cambio total de paradigma, ya que se pasaría desde el actual sistema de incertidumbre individual a un sistema de seguridad social.

En síntesis, nuestra propuesta plantea la creación de una institución de derecho público de Seguridad y Previsión Social, autónoma de otras instituciones del Estado y del gobierno de turno, sin fines de lucro. Este ente administraría entonces el sistema, de reparto y solidario, con financiamiento tripartito, ósea aportarían los trabajadores, las empresas y el Estado, incorporando además un Fondo de Reserva Técnica para capitalización que garantiza el pago de las obligaciones del sistema en eventuales períodos de estrés financiero. Las inversiones del fondo de reserva integrarán criterios éticos definidos, que prohibirán expresamente inversiones en empresas con prácticas anti-sindicales, que no tomen las medidas necesarias para evitar cualquier daño al medio ambiente, o discriminatorias en razón de género, etnia, religión o cualquier otra. Se establece una pensión universal, la cual corresponde al sueldo mínimo del año que se jubile.

No se expropiarán las cuentas de capitalización individual, puesto que se respeta lo que cada persona ahorró en su cuenta individual creando una cuenta nocional (virtual) para cada individuo. Los trabajadores que ya estén pensionados verán reajustadas sus pensiones según sus tasas de reemplazo o al menos recibirán el monto de la Pensión Universal (la cual sería igual al salario mínimo).

Los trabajadores independientes, no se les pide que coticen íntegramente como los obliga la nueva ley a los trabajadores a honorarios, se les pide el 9,5% y el otro 9,5% lo paga quien contrató sus servicios.

A las mujeres se les reconoce su mayor carga en labores domésticas y de cuidado, así como la discriminación salarial en el mundo del trabajo de la que son objeto. Para calcular la pensión contributiva resultante, las mujeres sumarán 2 años al cumplir cinco años cotizados, y otros 3 años adicionales al cumplir diez años cotizados, completando así 5 años adicionales en total.

9,5% aportarán Trabajadores/as y 9,5% los empleadores/as. La propuesta plantea que el aporte del Estado al sistema contributivo vaya aumentando paulatinamente partiendo de un 1,2% del PIB llegando al 6% del PIB el año 2045. Esto implica llegar a fin de siglo a un gasto total en pensiones no superior al 8% del PIB, el promedio de los países de la OCDE es de un 9%, según el Banco de Desarrollo en América Latina (CAF).

Con respecto a la tasa de reemplazo de esta propuesta, puede llegar hasta el 80% según la cantidad de años que cotice la persona, dejaremos un ejemplo para comprender, si en los últimos años obtenía un sueldo de 100.000 y cotizo el máximo de años permitidos, obtendría una pensión del 80% de ese sueldo, ósea 80.000 pesos.

Ahora ¿por qué nace esta propuesta?, pues al estudiar la temática de Estado, una de las características que encontramos es su objetivo, el cual es el bien común para la sociedad, pero nos hacemos la pregunta ¿el Estado de Chile está cumpliendo su objetivo para la sociedad?, es una interrogante que nos planteamos en varias ocasiones, como por ejemplo, todos, todas y todes ¿vivimos en un ambiente libre de contaminación?, o el acceso a salud, educación, seguridad social, es ¿para el conjunto de la sociedad un derecho garantizado por el Estado? o ¡es un bien transable para obtener lucro!; es por ello que por medio de la reflexión personal y luego colectiva nos percatamos que, nos encontramos en un Estado donde la gran mayoría de las veces solo cubre los intereses de una pequeña parte de la población, la cual podemos representar en el 1% de ella.  Según Fundación Sol, ésta elite acapara el 27,8% de los ingresos totales, convirtiendo a Chile en el 4° país del mundo que presenta esta gigantesca desigualdad. Esto se refleja obviamente en los sueldos de las y los trabajadores, donde el 66% obtiene un salario igual o menor a 550.000 mil pesos, cuando el salario mínimo es de 326.500 y quienes se jubilan, el 80% obtiene pensiones inferiores al sueldo mínimo, y si vamos más al detalle con respecto a las pensiones, el 50% de quienes recibieron su pensión autofinanciada por las AFP en noviembre del 2020, cotizando entre 30 y 35 años fue menor a 270.272 y con respecto a las mujeres,  recibieron su primera pensión autofinanciada en diciembre obtuvieron un monto menor a 56.979 pesos.

Ya tenemos motivos suficientes para que esta propuesta sea una solución al problema de seguridad social, pero para colmo aún hay otro problema, puesto que más del 75% de las inversiones de la AFP en empresas S.A. que operan en Chile se destina a compañías extractivistas y de alto impacto ambiental, lo cual es un atentado para los distintos ecosistemas de los territorios del país

Para finalizar, solo plantear que ésta propuesta podrá hacerse realidad  siempre y cuando todos, todas y todes por medio de dos caminos, el primero exigiendo por medio de la organización y movilización constante durante este proceso constituyente y por otro en la elección de los constituyentes en abril, elegir a quienes representen ideas de transformación, con apoyo de organizaciones que han llevado a cabo un trabajo de lucha, ósea que representen esas ideas colectivas transformándoles en militantes sociales, puesto que, la redacción de la constitución es la base con la cual podremos fijarnos un horizonte donde la sociedad en su conjunto sea parte del bien común real que el Estado tiene que garantizar.