Momento Constituyente

Francisco Maturana Martínez. Politólogo Universidad Complutense de Madrid.

El 18 de octubre de 2019 Chile despertó, materializando en las calles de todo el país un momento destituyente que, si bien se concretó aquel día tras las acciones de las y los estudiantes secundarios, se venía fraguando desde hace décadas. El desgaste del sistema político en su conjunto y su incapacidad de internalizar las demandas de una amplia mayoría social quedó en evidencia en todo el mundo. De un día para otro, el “milagro chileno”, “la Suiza de Sudamérica” y otras grandilocuencias discursivas se desdibujaron frente un escenario internacional que con cierta perplejidad empezaba a plantearse si es que acaso aquel lugar que vio nacer el neoliberalismo podría convertirse, también, en su tumba.

Ese malestar acumulado por distintas generaciones dio forma a un estallido social que significó la apertura de un proceso histórico que, con sus matices y no exento de críticas legítimas, culmina con el famoso (o infame, para algunos) acuerdo del 15 de noviembre de 2019 en el que quedó estipulado la celebración de un plebiscito para dirimir el inicio de un proceso constituyente.

El plebiscito se celebró con total normalidad a pesar de la pandemia, convirtiéndose en el proceso electoral con mayor participación en la historia democrática de Chile, y la voluntad popular se expresó de forma contundente: casi un 80% del electorado se decantó por la opción del Apruebo y la Convención Constitucional, demostrando nuevamente un claro anhelo de transformación.

De este punto en adelante, el desafío pasa por realizar una lectura correcta de lo que representa ese apoyo mayoritario y transversal al proceso constituyente. Por un lado, resulta notorio que el país no estaba polarizado ni dividido, como se alegaba con necedad desde los sectores conservadores, sino que estamos ante una mayoría abrumadora que apuesta por cambios sustantivos en los cimientos políticos del país y su configuración institucional.

Por otro lado, es importante destacar la pluralidad y diversidad de ese 80% que apuesta por el cambio, que abarca desde los sectores históricamente movilizados, movimientos sociales y activistas, hasta sectores de la población cercanos a la centro-derecha y clases medias que por distintos motivos vislumbran en este proceso posibilidades de un cambio estructural en sentido de justicia social.

Esto no debería sorprender, sobre todo tomando en cuenta la clara connotación nacional-popular del estallido social que supo aglutinar a distintos sectores con demandas que a priori podrían aparecer como incompatibles o incluso contradictorias, pero que se articulan en un plano que trasciende al tradicional eje izquierda-derecha y que se manifiesta en un nuevo eje arriba-abajo o pueblo-élite, cuestión que queda estampada en aquella fotografía de la noche del 25 de octubre con las tres comunas del Rechazo (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea) que se disocian de la realidad palpable de esa amplia mayoría social.

En este sentido, se abren otra serie de disputas para el mundo político, muchas de las cuales siguen aún en espera de resolución. Por mencionar las más relevantes, la discusión por los escaños reservados para los pueblos originarios y la participación en condiciones de igualdad para los independientes. El Gobierno y la derecha siguen dilatando la aprobación de los cupos reservados argumentando razones de poco peso, e incluso llevando al ridículo el debate exigiendo puestos reservados para sectores religiosos.

En lo que respecta a los independientes, el nudo gordiano parece extenderse a todos los partidos políticos y a un defecto de forma del acuerdo del 15 noviembre (elaborado, precisamente, por estos partidos) que torpedea deliberadamente la participación de los no adscritos a las formaciones políticas. Esta reivindicación debe ser zanjada con urgencia por dos motivos fundamentales: por una parte, un acto de justicia para con lo que fue el origen del estallido y su vocación profundamente ciudadana y de impugnación al sistema político-representativo; por otra parte, por un hecho netamente político que se traduce en la altísima votación que recibió la opción de la Convención Constituyente en detrimento de la Convención Mixta, en la que se visibiliza de nueva cuenta el mandato de incorporar a nuevos actores políticos y sociales a los procesos de decisión.

Aunado a esto, al principal reto de los sectores progresistas, de los movimientos sociales y de la centro-izquierda política debe enfocarse en generar un marco de acción colectiva que sepa incluir a esa mayoría transversal del 80%, que permita capitalizar los polémicos 2/3 en la elección de los constituyentes posibilitando así una Convención que se la juegue por abrir debates que conduzcan a cambios profundos sobre temas como el régimen de gobierno, la situación de los pueblos originarios, el pueblo Mapuche y el Wallmapu, la existencia o no del Tribunal Constitucional, el sistema económico y los derechos sociales, el medio ambiente, el rol del Estado, y un largo etc.

Para ello, a menos de dos meses para dicha elección, urge un proceso de articulación socio-política que trascienda de las identidades individuales de los distintos actores que debe verse plasmado tanto en la discusión programática, así como en la configuración de las listas electorales, aun a la espera de una definición concreta de las reglas del juego.

Solo así se podrá construir un espacio común con la fuerza suficiente para impulsar las transformaciones que requiere el país. En la vereda del frente, el conservadurismo ansía que la falta de acuerdo o la proliferación de varias listas en el mundo progresista les permita hacerse con esos 2/3 para actuar, en palabras de Pablo Longueira, como un “tercio de bloqueo” que impida avanzar hacia un cambio más ambicioso en favor de una vuelta a la ya conocida “política de los acuerdos” o de “los consensos”, causante directa de la sensación de injusticia que fue la chispa que inició el estallido social.

Por ello, el mundo político está en la obligación de actuar con la responsabilidad histórica que caracteriza este periodo para dar paso, de una vez por todas, a un momento constituyente que culmine el proceso de impugnación abierto el 18 de octubre de 2019 y comience a allanar el camino para construir el Chile que queremos.