Discapacidad: La lucha por la ciudadanización. Una realidad históricamente compleja.

Manuel Alejandro Madrid Dinamarca. Persona en situación de discapacidad.
Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Diplomado en Formación Ciudadana.

La historia, en tanto se comporta como ciencia social, posee una doble función: Por una parte, tiene un carácter revisionista que nos invita a mirar constantemente el pasado en ciertas ocasiones (situación que todos desarrollamos en algún momento de nuestras vidas, ya sea por algún cumpleaños o una efeméride). Pero también, posee por otra parte el ejercicio de una situación necesaria: Nos invita a tomar ese primer carácter desde el presente y proyectarlo al futuro en forma de aprendizaje. Es aquí donde me gustaría detenerme, puesto que el proceso histórico actual, requiere una revisión necesaria para no cometer los mismos errores del pasado. Esta realidad dual, a la que nos sometemos como ciudadanos es llamada conciencia histórica, y debe ser ejercida a nivel individual, comunal, regional, nacional, continental y universal por todos los componentes de la sociedad.

Quisiera detenerme, desde ese punto de vista, en la palabra anteriormente dicha: “Ciudadanos”, pues creo que nuestra conciencia histórica dice mucho al respecto, como comunidades en predisposición a generar un cambio a través de una deliberación activa. Desde ese punto de vista, actualmente, estamos viviendo ciertas situaciones interesantes: Por una parte la permanencia de una ciudadanía local potente y llena de acciones concretas, cuya importancia es fundamental a la hora de comprender la cohesión y el movimiento social presente en Chile desde octubre del 2019. Por otra parte, existen procesos de ciudadanización de las personas, en todos los ámbitos de la palabra y es que teniendo presentes las palabras de Adela Cortina (1997), se plantean distintas perspectivas de la acción ciudadana: El ciudadano político, dimensión que se remite necesariamente al régimen político democrático. El ciudadano económico, dimensión que nos invita a hacernos la pregunta relevante de si somos ciudadanos o consumidores, entre otros procesos. El ciudadano social, dimensión que nos señala como actores colectivos en virtud de la importancia de la deliberación en los procesos sociales. El ciudadano civil, que en suma se compone por la sociedad en su conjunto, desde niños hasta adultos mayores. El ciudadano multicultural, dimensión en la que entran los componentes culturales para generar cambios y tomar decisiones en virtud y necesidad del territorio (pueblos originarios, inmigrantes, etc.). Por último, existe una sexta dimensión denominada el ciudadano cosmopolita o ciudadano del mundo, de la que se desprende que, por efectos del proceso de globalización (como una realidad constante en nuestra sociedad), el ciudadano actual es afectado de manera directa por los cambios y las dinámicas ocurridas en el mundo actual, cada vez más interconectado. Por ende, la dimensión del voto debe entenderse sólo dentro de una de estas dimensiones, la primera, y es por ello que en la democracia actual el hecho de ejercer sufragio se remite solamente a un suceso más que a un proceso histórico.

Desde esa perspectiva, las personas con discapacidad, en tanto vivimos un proceso de ciudadanización, necesariamente estamos siendo incentivados permanentemente a participar de todos los procesos mencionados en el párrafo anterior: Somos tan ciudadanos como aquellas personas socialmente consideradas como “normales”, desarrollando acciones sociales tan relevantes como el grueso de la población. En conciencia de aquello, nos constituimos como un grupo social que, dentro de sí mismo, no distingue edades ni estratos sociales y, según el II Estudio Nacional de la Discapacidad (2016), nos componemos, hasta ese año, por un 16,7% del total de personas naturales en Chile. Partiendo de aquella idea, un grupo más que considerable a tener representación política en los procesos actualmente vividos. En perspectiva revisionista, la historia de nuestro grupo social nunca ha sido retratada en Chile, por nula voluntad individual o por ser infantilizados como grupo (Digo nuestro, pensando en un sentido de pertenencia, porque soy persona en situación de discapacidad: Me reconozco a mí mismo como persona con Discapacidad y desde esa necesidad parte el presente texto). Es aquí donde surge una pregunta relevante ¿Un 5% es realmente válido para las listas de los constituyentes?, o peor aún ¿Garantiza la participación política de un grueso de nuestro grupo social en el contexto actualmente vivido?

Tomando como ejemplo, situaciones a nivel internacional, existen precedentes que validan dicha situación, dejando de lado la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad (2007), de la cual es firmante activo nuestro país, estos ejemplos de países con políticas reales en pro de la inclusión, se encuentran sociedades tan cercanas como la colombiana, cuya constitución establece y valida el reconocimiento del grupo social al que pertenezco y al cual me estoy refiriendo.  También se presenta el caso más lejano geográficamente de España, que como medida directa y referente ha creado toda una ley general de la Discapacidad, estableciendo así lineamientos que permiten el desarrollo integral del sujeto y la comunidad en situación de discapacidad. Desde ese punto de vista cabe preguntarse ¿Por qué nuestra constitución actual, tan defendida por un grupo de nuestra sociedad al que, según parece, le acomoda, no establece el desarrollo y el derecho de las personas con discapacidad en su marco legal? Y más aún, situándonos en el proceso actual, ¿Por qué proponen un 5% sólo en términos de listas para los futuros constituyentes?

Si el desarrollo de políticas inclusivas dependiera de un número tan ínfimo de personas para votar algo tan relevante que nos represente a todas y todos los ciudadanos, sería correcto y relevante señalar la necesidad de incorporar en el proceso a personas que puedan desarrollar y plantear las demandas sociales de nuestro grupo, cuyas ideas van desde la educación en adelante, hacia el desarrollo de una sociedad cuyo constitucionalismo necesario sea tanto o más inclusiva que los casos anteriores, justa para nuestra sociedad en su conjunto y relevante para los ciudadanos que componen nuestro país. El grupo al cual pertenezco activamente y en conciencia de aquello no puede esperar por el desarrollo de una política inclusiva, que vaya más allá de un par de leyes, cuya base o marco legal escapa muy por encima de la realidad social de nuestro país. Dejo abierta la siguiente situación: Históricamente hemos sido negados y postergados ¿Vamos a caer en ése error desde una perspectiva presente? Teniendo en cuenta la historia como un proceso de enseñanza-aprendizaje, nos falta mucho por crecer y tanto más por poseer una participación activa en nuestra sociedad, pero situaciones como las que se presentan actualmente, generan la sensación de migajas no entregadas a un grupo social que ha sido postergado desde tiempos remotos.

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