La criminalización de la protesta social en Chile: una perspectiva interseccional

Manuela Royo, Abogada de Alianza Territorial Mapuche y MODATIMA Wallmapu.

El 18 de octubre del 2019 marcó un antes y un después en la historia chilena. Todo se inició cuando un grupo de estudiantes –principalmente mujeres- comenzó a evadir el pago del pasaje del metro de la ciudad de Santiago, como acción de protesta por el alza del pasaje.

La protesta se fue expandiendo, y ya el cuestionamiento no eran los 30 pesos del alza de los pasajes, sino los 30 años de un modelo neoliberal instaurado en dictadura, pero administrado, profundizado y agudizado durante los 30 años de gobiernos “democráticos”.

La precarización de la vida, junto al abandono del Estado de la gran mayoría de las mujeres que hemos nacido y crecido en un país donde no existe la protección del derecho a la salud, del derecho a la educación, al agua o a la alimentación, en que hasta el sistema de pensiones y la distribución del agua está en manos de privados. El neoliberalismo golpeó fuertemente a las mujeres, en especial a las mujeres precarizadas y mujeres indígenas, atrapadas en un sistema extractivista, donde son las mujeres quienes deben sostener la vida en un contexto absolutamente adverso, dada la privatización de los servicios públicos, y la devastación medioambiental, sumada las condiciones de contaminación del aire, y la destrucción de los ecosistemas, en sectores rurales y territorios indígenas.

Por ello, fueron millones de mujeres las que salieron a las calles desde el 18 de octubre en adelante, desbordando los espacios una institucionalidad jurídica y legal, que perpetuó un sinnúmero de vulneraciones de derechos humanos, consagrado en un sistema patriarcal y machista que se injerta en un modelo económico extractivista y neoliberal, perpetuado en una Constitución Política creada por un grupo de varones ultra conservadores el año 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet.

No puedo dejar de recordar, que en pleno estallido social, el 8 de marzo del 2020, la marcha del 8 de marzo convocó a una huelga general, en la que marcando un hito histórico donde millones de mujeres repletaron las calles de las ciudades y pueblos de todo Chile, para denunciar la violencia del sistema patriarcal, perpetuado a través del entramado jurídico institucional del Estado.

La respuesta del Estado de Chile a la movilización social fue la criminalización y la violencia institucionalizada en manos de las fuerzas policiales y militares, amparadas en la impunidad. Este escenario, se corresponde con lo que Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido como criminalización social, correspondiente a “la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”[1].

La criminalización de la protesta social, y de los y las defensores de derechos humanos, se caracteriza por la imputación de delitos y la imposición de condenas en base a valoraciones político criminales, que obedecen a las decisiones políticas de quienes detentan el poder. Muchas veces la imposición de la prisión preventiva o de las mismas condenas se justifica en las características personales del imputado/a, en la repercusión política y social de la condena que pudiera fijarse, y en la presión de los organismos estatales sobre las decisiones de los tribunales, junto con la falta de imparcialidad.

Todo esto es precisamente lo que ha ocurrido en Chile desde el estallido social del 18 de octubre.

A partir del desborde de la institucionalidad que trajo consigo la revuelta popular, la respuesta del Estado fue la criminalización y la aplicación implacable del monopolio de la violencia, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos como las mutilaciones oculares; de la mano de una expansión descarnada de la violencia estatal.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia del gobierno de Chile, desde el 18 de octubre hasta el 20 de febrero del 2020, en el contexto de la protesta social fueron detenidas 27.432 personas[2], de ellas 2.490 estuvieron o están en prisión preventiva.  En enero del 2020, solo en Santiago, habían aproximadamente 900 presos/as, distribuidos en distintas cárceles de menores y adultos/as. Incluso en el CDP de Santiago 1, se creó un módulo especial para presos del estallido social, dada la gran cantidad imputados privados de libertad en el contexto de la revuelta popular.

No es menor, el hecho que, si bien en Estado cuenta con un organismo especializado en investigar, como es el Ministerio Público, la intervención política es tal, que sólo en este periodo, el gobierno de Chile, a través de querellas patrocinadas por el Ministerio del Interior, ha interpuesto 959 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado y al menos 70 querellas por delitos de incendio, sin contar las querellas por delitos por ley de control de armas.

En mi experiencia como abogada defensora he podido darme cuenta cómo si bien existen menos mujeres que hombres privados/as de libertad, quienes se hacen cargo del peso que significa la prisión son las mujeres. Son las madres y compañeras de los cientos de jóvenes presos/as, las que deben sostener la economía del hogar, además de encargarse de realizar visitas, encomiendas, buscar asesoría legal, sosteniendo en sus espaldas la presión de la criminalización estatal y de la persecución policial. Muchas veces los tribunales son también cómplices activos de la criminalización, imponiendo prisiones preventivas sin pruebas o con pruebas insuficientes, o con denuncias de testigos y partes policiales viciados. Por ello, la criminalización de la protesta social resulta sumamente peligrosa, ya que busca ocultar tras un manto de legalidad, violaciones a los derechos humanos, logrando muchas veces que defensoras y defensores de derechos humanos, sean perseguidas, encarceladas o impedidas o inhibidas de seguir ejerciendo sus derechos políticos y sus libertades.

Cabe señalar, que con respeto a Chile, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos ha llamado la atención sobre casos de encarcelamiento, criminalización, y violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos del país. Para esta Relatoría, esta criminalización, que se traduce en “violaciones de carácter judicial”, suelen incluir detenciones, imposiciones de multas, penas de prisión, ausencia de garantías procesales, en particular en el marco de la legislación antiterrorista y, formulación de acusaciones amplias, vagas y/o presuntamente falsas[3]

Un ejemplo claro de este fenómeno ha sido el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.  En este contexto, la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, también expresó preocupación por la alta presencia de procesos de criminalización en contra de personas indígenas mapuche, indicando que en esos casos “[…] jueces y fiscales han contribuido a la aplicación irregular del derecho penal al aceptar falsos testimonios, dictar mandamientos judiciales sin pruebas suficientes, permitir que prosperen acciones judiciales infundadas e interpretar indebidamente la ley para incriminar a los defensores indígenas”[4].

Cabe señalar, que desde el año 2000, en adelante, en Chile se comenzó a aplicar la Ley Antiterrorista (promulgada en plena dictadura de Augusto Pinochet) en contra de personas mapuche, vinculadas a la protesta social. A raíz de esta sentencia, en mayo del 2014, Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por violar derechos humanos, en relación a la criminalización de la protesta social mapuche y su homologación con delitos de terrorismo.  

En el caso Norín Catriman y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  condenó al Estado chileno considerando dos importantes afectaciones a derechos humanos: la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista que violó el principio de igualdad[5] y no discriminación, cuya aplicación se tradujo también en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de manera excesiva y vulneradora del derecho a la presunción de inocencia. La utilización de la legislación antiterrorista, como manifestación de la criminalización de la protesta social, es evidente. Así por ejemplo, lo refiere Jorge Contesse, para quien la utilización de este tipo de ley: “se trata de una decisión sobre el uso de la herramienta penal terrorista para hacer frente a hechos que involucran reclamos por parte de personas o grupos históricamente desaventajados”[6].  

Al amparo de leyes de seguridad y antiterroristas, el Estado de Chile ha llevado adelante en Wallmapu, allanamientos y detenciones ilegales, personas heridas con graves consecuencias y víctimas fatales, como el caso de Alex Lemun, adolescente mapuche de 17 años, asesinado el año 2002, Matías Catrileo estudiante mapuche asesinado el año 2008, y -junto a muchos más-, el caso del asesinato de Camilo Catrillanca en Temucuicui, el año 2018, en manos del “comando Jungla”, como una triste antesala de lo que meses más tarde en todo Chile iba a pasar.

Así también el Estado chileno ha criminalizado autoridades ancestrales y espirituales del pueblo mapuche, con especial foco en la criminalización de mujeres que son líderes espirituales y ancestrales del pueblo mapuche, como fue el caso de la machi Francisca Linconao, defensora de los derechos humanos y autoridad espiritual mapuche[7], quien tras haber obtenido la primera sentencia en Chile con el objetivo de impedir la tala ilegal en los bosques el año 2009, fue acusada en dos ocasiones por el Estado chilena como autora de delitos bajo la ley antiterrorista.

La violencia y la criminalización van de la mano, y así lo ha demostrado la historia reciente.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile[8], 3.746 personas fueron heridas entre el 17 de octubre del 2019 y el 31 de enero del 2020, periodo del estallido social. Este mismo organismo, registró 2.114 casos de personas heridas por disparos por parte de las fuerzas policiales y militares, 51 de ellas por balas, 190 por balín y 1.673 por perdigones. Sólo en este periodo, el INDH ha presentó 1215 acciones judiciales, de las cuales  879 corresponden a querellas por torturas y tratos crueles y 183 por violencia sexual[9].

Aquí un punto sumamente grave es la gran cantidad de delitos sexuales realizados al interior de centros de detención y comisarías policiales. De acuerdo con el reporte actual de esta institución, existen 257 denuncias de violencia sexual, consistentes en desnudamientos, tocaciones, amenazas e insultos de connotación sexual, presentándose también querella por delito de violación. Estos actos violencia sexual ejercidos por la policía, son especialmente ya que atentan contra la dignidad de cientos de mujeres, ya criminalizadas por ejercer un legítimo derecho a la protesta, y vulneradas bajo la tutela del Estado, en su condición de mujer, como sujeto de derechos relevante para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los registros o requisas personales son un tema muy sensible para todas las personas detenidas, pero es un tema especialmente sensible para las mujeres pues estos causan humillación afectando la dignidad e integridad de las mismas con consecuencias en su integridad personal en relación con su seguridad individual

La experiencia en el Wallmapu[10] es decidora en cuanto a la violencia estatal en contra de las mujeres. Lorenza Cayuhan mujer y madre, mapuche, condenada por el Estado chileno, quien fue obligada a parir engrillada de pies y manos en presencia de Gendarmes en su sala de parto. Por estos hechos, la Segunda Sala de la Corte Suprema determinó en un fallo unánime que: “el Estado ha transgredido su obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de gendarmería, al permitir que aquella que se encontraba en una condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y privación de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios e indignos que debieron evitarse”[11].

Los actos de tortura y apremios ilegítimos recibidos por Lorenza constituyen una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, y en la violencia de género ejercida a través de agentes del Estado, hoy amparados por la institucionalidad pariarcal vigente.

Junto con el ejercicio de esta violencia, el Estado de Chile, apuesta por la conformación de un entramado legal-institucional que legitime la represión a los cuerpos de mujeres y hombres que han estado en las calles, sosteniendo las luchas populares, que desbordan los límites de la institucionalidad marcados por el ordenamiento jurídico de la Constitución de 1980.

El Estado Chileno hoy pretende edificar un marco de legitimación del control social y castigo penal en el marco de la institucioalidad estatal vigente.

Prueba de lo anterior, hoy podemos presenciar la reciente reconfiguración autoritaria del Estado de Chile, que apunta hacia la consolidación de un sistema de Inteligencia en un contexto político de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, en que las comunidades indígenas, las organizaciones sociales y el movimiento popular son considerados como un “enemigo interno”.

El primer puntapié para el inicio de esta “Agenda Criminalizadora del Estado” fue la promulgación de la llamada “ley anti saqueos y barricadas”[12] que criminaliza cualquier acto de protesta pacífica en la vía pública por el solo hecho de interrumpir el tránsito.

Ya en el contexto de la pandemia, el gobierno de Piñera puso suma urgencia a proyecto que “fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado”,[13], el cual permite el despliegue de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas hacia grupos nacionales. Este proyecto de ley debe analizarse, en conjunto con la ley de “infraestructura crítica”[14] , que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica cuando sea “indispensable para la seguridad nacional”, permitiendo desplegar las fuerzas militares en los puntos considerados “críticos por el gobierno”. Las definiciones de lo que es la seguridad nacional y de qué puntos son considerados críticos, depende del ejecutivo, sin ningún contrapeso, ni controles políticos o judiciales efectivos.

La ley de Modernización del Sistema de Inteligencia, pretende unificar a las distintas instituciones – tanto de las Fuerzas Armadas como de otras instituciones de la Administración del Estado – bajo un mando único, que es el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), responsable de elaborar una Estrategia Nacional de Inteligencia.

Esta ley amplía las facultades de la Agencia Nacional de Inteligencia, transitando desde un paradigma de “labor pasiva de recolección de información”, hacia un paradigma de “inteligencia activa”, de búsqueda de información, inclusive a través de “agentes infiltrados”. Con la aprobación de este proyecto, se podrían utilizar las actuales unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas contra grupos nacionales, que a juicio de las autoridades “amenace la seguridad del país”, incorporando una definición de “contra-inteligencia” que le permite considerar como enemigo no sólo a fuerzas extranjeras, sino también a organizaciones políticas, sociales, indígenas o ambientales, que podrán ser consideradas como enemigo interno.

Lo especialmente grave, es que, en el marco del estallido social de Chile, este proyecto de ley, pretende abordar los asuntos internos, mediante la utilización de las herramientas de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, estableciendo a ‘grupos nacionales’ como objetivo de investigación y de control por parte de las fuerzas del orden. A su turno, el proyecto de ley de “Infraestructura critica”, surge también como propuesta de un mecanismo de control social, como respuesta a las movilizaciones populares del Estallido Social, y permite a las Fuerzas Armadas tomar el control de espacios considerados como “infraestructura crítica”, justificando el uso de armamento militar contra civiles. Esta ley permite la exculpación de los militares mediante las fórmulas de la legítima defensa, del cumplimiento de un deber y el estado de necesidad exculpante, en el evento de la comisión de un delito de homicidio, lesiones o mutilaciones, incrementando el riesgo de violencia en el actuar de las Fuerzas Armadas.

Es la conjunción de ambos proyectos, evidencian un escenario de riesgo evidente para los derechos humanos, poniendo Fuerzas Armadas en un rol de seguridad interna y orden público, justificando el uso de la violencia en el contexto de represión y criminalización que hemos venido explicando.

Hoy más que nunca, la experiencia mapuche y la experiencia del estallido social demuestran la peligrosidad de resolver los conflictos sociales mediante la utilización de la criminalización y la herramienta penal, teniendo siembre en consideración que la cárcel es un espacio más de reproducción patriarcal y capitalista.

La criminalización de la protesta social visualiza al Estado como productor y reproductor de violencia, a la cual debemos combatir mediante el fortalecimiento de mecanismos de resguardo de los derechos humanos, elaborando formas y estrategias autónomas, descoloniales y antipatriarcales para combatir la desigualdad, la exclusión y todas las formas de violencia contra la mujer.


[1] CIDH. Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 49/15. 31 de diciembre de 2015. Párr. 43.

[2] http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre

[3] ONU. Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/19/55, Informe de la Relatora Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, 21 de diciembre de 2011, párr. 104.

[4] ONU. Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/39/17, Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, 10 de agosto de 2018, párr. 46.

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Norín Catriman y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, Sentencia de 29 de mayo del 2014, (Fondos, reparaciones y costas). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf

[6] Contesse, Jorge (2015) “Norin Catriman y otros: Comentario a la sentencia de la Corte Interamericana” de Derechos Humanos en Anuario de Derecho Público, Santiago, Universidad Diego Portales,  p. 431

[7] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/criminalisation-machi-francisca-linconao

[8] https://www.indh.cl/

[9] Instituto Nacional de Derechos Humanos, Bases de datos de acciones judiciales, hospitales, comisarías y manifestaciones desde el 18 de octubre de 2019,  en:  https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-de-datos-18-febrero-de-2020.pdf

[10] Territorio mapuche

[11] https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1005/Sentencia%20Corte%20Suprema.pdf?sequence=4&isAllowed=y

[12] https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141780

[13]Proyecto de ley Boletín N° 12.234 https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12757&prmBoletin=12234-02

[14] Proyecto de ley Boletín N° 13.088-02https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13088-02

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