El lugar de la educación en la futura Constitución

Salazarte

Chile necesita un nuevo contrato social y político, que claramente pasa por una nueva Constitución. Hemos construido una sociedad jibarizada a partir de los recursos disponibles, lo que ha retrasado de sobremanera la construcción de un país más justo y solidario. La imposición de un modelo económico a través de la dictadura y luego la construcción de una carta magna como traje a la medida, tuvo el mejor de los escenarios con los gobiernos de la transición a la democracia que, sin duda, no hicieron mucho esfuerzo para cambiar el estado de cosas, dedicándose más bien a administrar y profundizar el sistema heredado.

Sin embargo, en distintos momentos, la sociedad civil, fue generando los espacios para intentar correr el cerco. El 18 de octubre de 2019, es el punto de inflexión entre un Chile que se había “acostumbrado” a vivir de manera desigual, y un Chile que quería salir de ese espejismo. La movilización social reventó de diversas formas y con total desparpajo, a tal punto, que los partidos políticos más conservadores se “apuraron” para buscar una salida.

En eso estamos hoy (con un paréntesis producto del COVID-19), envueltos en un futuro plebiscito, que puede echar por tierra “la obra” de la dictadura, al menos en el plano constitucional, lo que constituiría el primer gran paso para la construcción de un nuevo Chile.

¿Qué espero de este nuevo Chile? Emparejar la cancha para que todos juguemos el juego de la vida. A fin de cuentas, todos contamos, no somos menos por venir de los arrabales, los campos, las poblaciones. Con posibilidades concretas, estudios, vivienda, salud, empleo digno, podemos salir adelante. Para ello debemos fortalecer el Estado, dado que la clase empresarial, aún no da el salto cualitativo que implique colocar el bienestar de la sociedad por sobre el interés individualista, y el carácter paternalista abusivo de los patrones en la parte más rural.

¿Será difícil el camino? Sin duda. La opción Rechazo, tiene adherentes, sobre todo en aquellos que ven sus privilegios en peligro, y quienes, se sienten “agradecidos” de lo poco que poseen, lo cual los hace muy cercanos al fanatismo casi religioso, por lo que entablar diálogos se vuelve complejo y hasta infructuoso. Al menos estamos en el juego democrático de decidir, y mientras eso se mantenga, podemos ver una luz que nos mantenga despiertos para elegir la opción que nos lleve a diseñar una carta fundamental que guíe el proceso de reformas que el país requiere, pensando en el mañana, pero también en el ahora. Nuestros padres y abuelos, deben tener una vida de descanso con la misma dignidad con la que se levantaron todas las mañanas, para despertar a sus hijos e ir al trabajo, en busca del pan.

El debate sobre una nueva carta magna parece haberse estancado, el Covid-19, está generando una “nueva normalidad”, que nos impide reunirnos presencialmente, otorgándole a las nuevas tecnologías un rol decidor (por la posibilidad de comunicarnos), sobre qué hacer en estas y otras materias. Sin embargo, nada puede y debe impedir que finalmente, en un corto plazo podamos contar con un nuevo texto constitucional que nos permita diseñar y vivir en un Chile distinto al actual, y, por cierto, mejor.

Uno de los temas que más ha salido a la palestra en las dos primeras décadas del siglo XXI, es la educación. De hecho, las principales movilizaciones, de la naciente centuria, han tenido el sello de las demandas educativas, las que han ido permeando la sólida estructura de la actual constitución, hasta llegar al consenso político de que, al menos, se hará un plebiscito donde se decidirá entre #Apruebo y #Rechazo. La fecha para dicho plebiscito ya está definida (25 de octubre del presente año). Pero el escenario se ha vuelto inestable, y los poderes fácticos podrían tener la excusa perfecta para aplazar los comicios, tal como se ha estado moviendo el tablero en lo últimos días, con llamados a un “Acuerdo Nacional”, justo cuando la pandemia, está en una escalada de nuevos contagios y lamentables pérdidas humanas.

Esperemos que la llamada “clase política” esté a la altura, y desde los pocos espacios de maniobra que tiene la sociedad civil, se siga trabajando y defendiendo la idea que en octubre tendremos un nuevo escenario para dibujar el Chile que queremos. En ese contexto, quisiera desarrollar algunas reflexiones sobre el papel que debe jugar la EDUCACIÓN en la futura Constitución.

Desde los inicios de la república, la educación tuvo un lugar destacado en el accionar político de los primeros dirigentes (Instituto Nacional, en 1813, por ejemplo), lo que da cuenta de un interés por instalar desde el estado un sistema educativo público. Con el triunfo de los conservadores en Lircay en 1830, y la instauración de la llamada república autoritaria (cuyo traje a la medida fue la Constitución de 1833), se estableció como un elemento clave en el andamiaje del país a la educación pública, tal como lo indica el Art. 153 de dicho cuerpo legal:

Art. 153. La educación pública es una atención preferente del Gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional; i el Ministro del Despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República. (Constitución Política de 1833, 2020)

Se mandata al gobierno de turno, que la educación pública debe tener una atención preferencial en su accionar político, y además de comprometer al Congreso en la generación de un plan nacional de educación. ¿Quiénes eran estos conservadores? ¿Por qué su interés de dejar establecido esta obligatoriedad en “su” carta de navegación? Sabemos que, durante gran parte del siglo XIX, las disputas en esta área fueron ásperas y de larga data. Que la discusión se centró sobre todo cuando los liberales llegan al poder en la segunda mitad del siglo, entre educación laica y católica, que dicho sea de paso son antecedentes claves para entender por qué se fue dando en el país, esta dicotomía de lo público y lo privado en materia educativa. ¿Cuáles son los principios que están en juego? El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Para los conservadores mientras tuvieron el control total del sistema educativo (estado + iglesia), no tuvieron impedimento para sostener la idea plasmada originalmente en la Constitución de 1833, sin embargo, la arremetida positivista de los liberales y la posibilidad de hacer carne un estado laico en extendido a la educación, encendió las alarmas del mundo conservador, y se fraguó la idea de “luchar” por una libertad de enseñanza, promoviendo la creación de colegios y universidades, ligadas al catolicismo.

El fin del experimento parlamentario, dio paso a la Constitución de 1925, que en sus artículos 10° numeral 7 dice lo siguiente:

7.° La libertad de enseñanza. La educación pública es una atención preferente del Estado. La educación primaria es obligatoria. Habrá una Superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional y su dirección, bajo la autoridad del Gobierno; (Constitución Política de 1925, 2020)

Se logra diferenciar el derecho a la educación, como un resorte propio de lo público, y la libertad de enseñanza como dos elementos que pueden convivir, pero bajo la tutela del estado, al que le corresponderá “la inspección de la enseñanza nacional y su dirección”. Bajo este paradigma se construyó el Chile del siglo XX. La escuela fue llegando a los distintos rincones del país, y fue pieza del clave del incipiente desarrollo chileno impulsado desde el estado a mediados de siglo. De hecho, el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda (1938 – 1943), es reconocido por utilizar como estandarte, “Gobernar es Educar”. Cuando se caminaba hacia una consolidación del Estado Docente, surge el proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU), bajo el gobierno de Salvador Allende (1970 – 1973), que apunta a dar un salto cualitativo para transformar el sistema educativo, otorgándole al Estado “la construcción de una sociedad socialista humanista, basada en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, en la superación de la dependencia económica, tecnológica y cultural, en el establecimiento de nuevas relaciones de propiedad y en una auténtica democracia y justicia social garantizadas por el ejercicio efectivo del poder por el pueblo”. (Nuñez Prieto, 2003)

Sin embargo, llegó la larga noche de la dictadura (1973 – 1990), y la posterior “legitimación” de la asonada, como fue la actual constitución, que dio vuelta la ecuación: colocó en primer orden la Libertad de Enseñanza, y, prácticamente le quita legitimidad al “Derecho a la Educación”, propiciando que el Estado se desentienda de su rol preferente, y asuma sólo una participación subsidiaria. Los numerales 10 y 11 del artículo 19, lo dejan establecido:

10º.- El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el único desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;

11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. (Constitución Política de 1980, 2020)

Con un paraguas de estas características, se fue configurando el sistema educativo chileno de los últimos 40 años. Conceptos como municipalización, colegios particulares subvencionados, financiamiento compartido (un modelo de negocios muy apetecido a partir de los noventa), fueron dando cuenta de un sistema basado en la desigualdad, y la falta de oportunidades, acrecentando la brecha social y cultural. Al privilegiar la libertad de elegir, por sobre el derecho a la educación, esta “actividad” (la educación), quedará en manos del mercado, dado que las escuelas serán concebidas como “empresas”, y tendrán que “competir” para captar a sus estudiantes, para lo cual se utilizarán una serie de estrategias de mercadotecnia: los resultados de los estudiantes en la PAA – PSU, Simce, fueron estandartes en dicha “captación”. Nada como la escuela, resignificó de mejor manera la frase “lo barato cuesta caro”. Con la libertad de elegir, en ciernes, los padres y apoderados, hacen largas filas y madrugadoras filas en algunos de los colegios “buenos”, para lograr un cupo.

Esta fiesta del consumo empieza a resquebrajarse con la “revolución pingüina” de 2006, y aunque el reemplazo de la LOCE por la LGE, no fue lo esperado, porque vigorizaba aún más el sistema, otras generaciones de estudiantes 5 años más adelante (2011), revitalizaron las demandas las cuales fueron determinantes para que se desarrollaran proyectos de Ley como la Desmunicipalización y la Ley de Inclusión, entre otros. Sin embargo, su materialización fue lenta, y lejos de los propósitos originales, dada la composición política del Parlamento y, lo más relevante, la existencia de la Constitución de 1980, que establece altos quórum, y cuando estos obstáculos son vencidos, tiene otras vallas, a veces más complejas que superar: El tribunal Constitucional.

Este acotado resumen, sirve para entender y abrazar un 18 de octubre de 2019. Los estudiantes (de nuevo), comienzan una nueva jornada de movilizaciones, las cuales van creciendo día a día, hasta que, en el Parlamento, aquellos que durante 30 años defendieron el principal legado de la Dictadura, presurosamente, se pusieron de acuerdo con aquellos que se habían acomodado y administrado el sistema, para plantear una fecha para preguntar a la ciudadanía si seguimos con la actual Constitución o hacemos una nueva.

Ahora bien, ¿qué conceptos basales en materia de educación, debieran estar presente en la nueva Constitución?

  1. Reestablecer el rol “preferente”, que las constituciones de 1833 y 1925 otorgan al Estado en educación; relevando el Derecho a la Educación, no como una dicotomía con la libertad de enseñanza, sino como un principio rector del nuevo Chile; fortaleciendo la Educación Pública con un sistema educativo inclusivo, laico y pertinente.
  2. Promover una educación basada en los Derechos Humanos, como un horizonte ético, donde nos encontremos todos, para resignificar la democracia y construir una sociedad donde el respeto no se impone, sino que se merece. Por lo tanto, la escuela debe construirse sobre bases democráticas internas, donde los cuerpos colegiados tengan una participación vinculante en la toma de decisiones.
  3. Una educación en donde estén presentes todas las miradas de la comunidad beneficiaria, desarrollando Proyectos Educativos que atiendan a la diversidad y a la pluriculturalidad (Chile país bilingüe, en relación a los idiomas de las primeras naciones existentes, que en la nueva constitución debieran ser reconocidas como tales).
  4. Repensar la Carrera Docente, donde se vuelque a recuperar los 30 años de servicio, otorgándole la categoría de trabajo esencial, debido a la relevancia que implica enseñar y acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Referencias Bibliográficas

Águila, E. (21 de Mayo de 2020). Eduabierta, Facultad de Filosofía Universidad de Chile. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1lvJzI3XAgZb9YDIjHlS0nHlPgE0QJNDe/view

Constitución Política de 1833. (21 de Mayo de 2020). Biblioteca del Congreso Nacional. Obtenido de http://bcn.cl/1uv4m

Constitución Política de 1925. (21 de Mayo de 2020). Constitución Política de 1925. Obtenido de https://www.bcn.cl/Books/Constitucion_politica_de_Chile_1925/index.html#p=1

Constitución Política de 1980. (21 de Mayo de 2020). Biblioteca del Congreso Nacional. Obtenido de http://bcn.cl/1uva9

Nuñez Prieto, I. (2003). La ENU entre dos siglos. Santiago: LOM Ediciones.